Arbour critica el endurecimiento de las leyes la
'La reciente decisión del Gobierno italiano de criminalizar la inmigración ilegal y los ataques contra campamentos gitanos en Nápoles y Milán' son ejemplos de las actitudes de xenofobia e intolerancia que se observan en Europa, declaró Arbour, en su último discurso ante el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de Naciones Unidas.
La alta comisionada concluirá su mandato de cuatro años el próximo 30 de junio.
Durante su alocución, Arbour también reprobó la actitud de la Junta Militar de Birmania, por haber puesto obstáculos a la entrada de ayuda internacional para las víctimas del ciclón Nargis.
Sostuvo que esa situación ha sido consecuencia de la larga 'tolerancia internacional frente a violaciones de los derechos humanos'.
Por otra parte, dijo que 'Somalia sigue enfrentándose a un desastre humanitario' y 'las severas limitaciones por razones de seguridad hacen particularmente difícil vigilar la dramática situación de los derechos humanos y ver cómo es posible proteger (a las víctimas)'.
Con ese fin, señaló que su organismo enviará una misión a Somalia y a la vecina Kenia para hacer una evaluación directa de la situación.
Arbour también destacó algún avance en derechos humanos, como la decisión del Gobierno de Kirguizistán de permitir la creación en su país de una oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que estará encargada de la región de Asia Central.
Lamentó, en cambio, las 'grandes dificultades' que tiene su entidad para establecer oficinas regionales para el norte de África y el sudoeste asiático.
Bajo la gestión de Arbour se concretó uno de los principales aspectos de la reforma institucional de la ONU, lanzada por su ex secretario general Kofi Annan, como el cierre definitivo de la antigua Comisión de Derechos Humanos.
Dicha comisión fue reemplazada hace dos años por un Consejo más pequeño y que tiene como una de sus funciones centrales realizar una evaluación de los derechos humanos en todos los países, con el fin de evitar que esta temática sea manipulada o utilizada con fines políticos
lunes, 2 de junio de 2008
jueves, 22 de mayo de 2008
El 65% de los inmigrantes trabajaba en su país antes de llegar a España
El 64,9 por ciento de los inmigrantes estaba trabajando en su país de origen antes de llegar a España, y de ellos el 53,7 por ciento era asalariado y el 11,2 por ciento era autónomo o empresario, según la Encuesta Nacional de Inmigrantes de 2007, publicada hoy por el INE.
De los que están casados, uno de cada cuatro ha contraído matrimonio con una persona de nacionalidad española y siete de cada diez lo ha hecho con una de su propio país.
Este tipo de informe, realizado por primera vez, se efectuó entre noviembre de 2006 y febrero de 2007 con entrevistas presenciales a 15.500 personas de todas las CCAA, en colaboración con el anterior Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Universidad Complutense.
Entre otros datos, el estudio apunta que hay 2,16 millones de hogares (el 13,5 por ciento aproximadamente de todos ellos) en los que al menos uno de sus miembros de 16 o más años ha nacido fuera de España.
En torno a un millón está formado sólo por inmigrantes, y el resto, por extranjeros y españoles.
El tamaño medio de los hogares en los que reside al menos un inmigrante es de 3,4 miembros, aunque en el caso de los que están formados por extranjeros y españoles se eleva a 3,7 personas.
Aunque la mayor parte de los inmigrantes (40,3 por ciento) reside en régimen de alquiler, un 38,1 por ciento tiene vivienda en propiedad, mientras que el 19,3 vive en casas cedidas.
Entre los que son propietarios, casi la mitad han pagado ya la vivienda y el resto tiene abonos pendientes.
Las viviendas suelen disponer de instalaciones y servicios básicos como agua corriente y caliente, electricidad y baño, pero el 43,7 por ciento carece de calefacción.
El 36,6 por ciento vive con pareja e hijos, en tanto que el 33,8 lo hace solo, si bien en casas compartidas en la mayoría de los casos.
El 12,3 por ciento de los inmigrantes sin pareja ni hijos comparte vivienda como mínimo con seis o más personas.
El 81,2 por ciento de los encuestados con parientes en el extranjero tiene intención de traerlos a España, mientras que el 7,7 por ciento no tiene prevista la reagrupación familiar.
Precisamente éste es el principal motivo que señala el 39 por ciento de las mujeres para trasladarse a España, frente a un 26 por ciento de los hombres.
El 45 por ciento de los varones aduce la búsqueda de un empleo mejor, y el 26 por ciento, la falta de trabajo para venir, mientras que en el caso de las mujeres, estas proporciones son el 32 y el 20 por ciento, respectivamente.
El medio de transporte más utilizado para entrar en España es el avión (62,7 por ciento) y sólo el uno por ciento ha llegado en cayucos o pateras.
Una característica de la inmigración en España es la casi ausencia de países intermedios en el proceso, ya que cerca de nueve de cada diez vinieron directamente del lugar de nacimiento.
En cuanto a la formación, el 22,5 por ciento de los inmigrantes ocupados con más de tres años de residencia es titulado superior, y el 38 por ciento tiene ahora un empleo diferente del primero que encontró, mientras que el 73,1 por ciento de los que comenzaron en la construcción permanece en este sector.
Más de la mitad (52,3 por ciento) de la población inmigrante encuestada está casada, un 37,7 por ciento está soltera, el 7,1 por ciento divorciada o separada.
De todos los casados (2,37 millones), el 12,5 por ciento no reside con el cónyuge.
Los inmigrantes que residen en España tienen 759.000 hijos menores de 16 años que no conviven con ellos, de los que el 86,6 por ciento (657.294) están en los países de origen.
De los que están casados, uno de cada cuatro ha contraído matrimonio con una persona de nacionalidad española y siete de cada diez lo ha hecho con una de su propio país.
Este tipo de informe, realizado por primera vez, se efectuó entre noviembre de 2006 y febrero de 2007 con entrevistas presenciales a 15.500 personas de todas las CCAA, en colaboración con el anterior Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Universidad Complutense.
Entre otros datos, el estudio apunta que hay 2,16 millones de hogares (el 13,5 por ciento aproximadamente de todos ellos) en los que al menos uno de sus miembros de 16 o más años ha nacido fuera de España.
En torno a un millón está formado sólo por inmigrantes, y el resto, por extranjeros y españoles.
El tamaño medio de los hogares en los que reside al menos un inmigrante es de 3,4 miembros, aunque en el caso de los que están formados por extranjeros y españoles se eleva a 3,7 personas.
Aunque la mayor parte de los inmigrantes (40,3 por ciento) reside en régimen de alquiler, un 38,1 por ciento tiene vivienda en propiedad, mientras que el 19,3 vive en casas cedidas.
Entre los que son propietarios, casi la mitad han pagado ya la vivienda y el resto tiene abonos pendientes.
Las viviendas suelen disponer de instalaciones y servicios básicos como agua corriente y caliente, electricidad y baño, pero el 43,7 por ciento carece de calefacción.
El 36,6 por ciento vive con pareja e hijos, en tanto que el 33,8 lo hace solo, si bien en casas compartidas en la mayoría de los casos.
El 12,3 por ciento de los inmigrantes sin pareja ni hijos comparte vivienda como mínimo con seis o más personas.
El 81,2 por ciento de los encuestados con parientes en el extranjero tiene intención de traerlos a España, mientras que el 7,7 por ciento no tiene prevista la reagrupación familiar.
Precisamente éste es el principal motivo que señala el 39 por ciento de las mujeres para trasladarse a España, frente a un 26 por ciento de los hombres.
El 45 por ciento de los varones aduce la búsqueda de un empleo mejor, y el 26 por ciento, la falta de trabajo para venir, mientras que en el caso de las mujeres, estas proporciones son el 32 y el 20 por ciento, respectivamente.
El medio de transporte más utilizado para entrar en España es el avión (62,7 por ciento) y sólo el uno por ciento ha llegado en cayucos o pateras.
Una característica de la inmigración en España es la casi ausencia de países intermedios en el proceso, ya que cerca de nueve de cada diez vinieron directamente del lugar de nacimiento.
En cuanto a la formación, el 22,5 por ciento de los inmigrantes ocupados con más de tres años de residencia es titulado superior, y el 38 por ciento tiene ahora un empleo diferente del primero que encontró, mientras que el 73,1 por ciento de los que comenzaron en la construcción permanece en este sector.
Más de la mitad (52,3 por ciento) de la población inmigrante encuestada está casada, un 37,7 por ciento está soltera, el 7,1 por ciento divorciada o separada.
De todos los casados (2,37 millones), el 12,5 por ciento no reside con el cónyuge.
Los inmigrantes que residen en España tienen 759.000 hijos menores de 16 años que no conviven con ellos, de los que el 86,6 por ciento (657.294) están en los países de origen.
martes, 20 de mayo de 2008
Bajan por tercer mes consecutivo los afiliados extranjeros de la construcción
La construcción, con 364.211 inscritos en el Régimen General de la Seguridad Social a 30 de abril, registró la tercera caída consecutiva en lo que va de año, hasta alcanzar el 24,16 por ciento del total, frente al 24,71 por ciento de marzo, según datos del Ministerio de Trabajo e Inmigración difundidos hoy.
No obstante, pese a la caída de los afiliados de la construcción, a 30 de abril de este año había 2.100.246 extranjeros afiliados en la Seguridad Social, lo que supone un incremento de 26.588 personas respecto a marzo, el 1,27 por ciento más, y el 7,83 por ciento más que hace un año.
Después de la construcción se situó la hostelería, con 266.790 afiliados (el 17,70 por ciento del total); las actividades inmobiliarias y de alquiler, servicios a empresas, con 226.701 (el 15,04 por ciento); y la industria manufacturera, con 165.157 inscritos, (el 10,96 por ciento del total).
Del total de afiliados extranjeros en abril, 1.371.712 procedían de países no comunitarios, y el resto, 728.534, de la Unión Europea (UE).
Por regímenes, en el General había 1.507.471 inscritos a 30 de abril, seguido del régimen de Autónomos, con 235.095; el Agrario, con 191.846; el Hogar, con 160.015 el Mar, con 5.168 y el Carbón, con 651 afiliados.
De los 2.100.246 inscritos de abril, 1.371.712 personas pertenecían de países extra comunitarios y 728.534 de la Unión Europea.
Marruecos encabeza la lista de países de procedencia, con 283.795 afiliados de esta nacionalidad, seguido de Rumanía, con 264.278; Ecuador, con 257.208 y Colombia, con 148.704.
Del total de inscritos, 1.261.151 eran hombres y 839.095 mujeres.
Por comunidades, Cataluña fue la que registró el mayor número de afiliados, con 466.540 (el 6 por ciento más que en abril de 2007), seguida de Madrid, con 445.898 (el 4,9 por ciento más); Andalucía, con 240.738 (un aumento del 16,7 por ciento) y la Comunidad Valenciana con 238.928 (el 0,7 por ciento más).
No obstante, pese a la caída de los afiliados de la construcción, a 30 de abril de este año había 2.100.246 extranjeros afiliados en la Seguridad Social, lo que supone un incremento de 26.588 personas respecto a marzo, el 1,27 por ciento más, y el 7,83 por ciento más que hace un año.
Después de la construcción se situó la hostelería, con 266.790 afiliados (el 17,70 por ciento del total); las actividades inmobiliarias y de alquiler, servicios a empresas, con 226.701 (el 15,04 por ciento); y la industria manufacturera, con 165.157 inscritos, (el 10,96 por ciento del total).
Del total de afiliados extranjeros en abril, 1.371.712 procedían de países no comunitarios, y el resto, 728.534, de la Unión Europea (UE).
Por regímenes, en el General había 1.507.471 inscritos a 30 de abril, seguido del régimen de Autónomos, con 235.095; el Agrario, con 191.846; el Hogar, con 160.015 el Mar, con 5.168 y el Carbón, con 651 afiliados.
De los 2.100.246 inscritos de abril, 1.371.712 personas pertenecían de países extra comunitarios y 728.534 de la Unión Europea.
Marruecos encabeza la lista de países de procedencia, con 283.795 afiliados de esta nacionalidad, seguido de Rumanía, con 264.278; Ecuador, con 257.208 y Colombia, con 148.704.
Del total de inscritos, 1.261.151 eran hombres y 839.095 mujeres.
Por comunidades, Cataluña fue la que registró el mayor número de afiliados, con 466.540 (el 6 por ciento más que en abril de 2007), seguida de Madrid, con 445.898 (el 4,9 por ciento más); Andalucía, con 240.738 (un aumento del 16,7 por ciento) y la Comunidad Valenciana con 238.928 (el 0,7 por ciento más).
lunes, 12 de mayo de 2008
España, más dura con los ilegales para frenar la "avalancha"
MADRID.- La muy controvertida norma por la que la Unión Europea (UE) pretende endurecer y asegurar la expulsión de millones de extranjeros indocumentados encontró un inesperado abogado: el gobierno socialista español, que ayer defendió la aplicación de mano dura porque, si no, "la avalancha de la inmigración ilegal no hay quien la pare".
Entre las primeras medidas que aplicaría el gobierno socialista en su giro figura la ampliación del plazo legal para retener en centros de detención a los inmigrantes sin papeles, tal como anticipó LA NACION en su edición del lunes.
"Eso se está estudiando", reconocieron ayer fuentes del gobierno. La idea, que figuraba en los postulados de campaña del elenco socialista, apunta a "aumentar" de manera sustancial, posiblemente hasta seis meses, el plazo legal para ese cautiverio, que hasta ahora llega a los 40 días.
"Es una de las decisiones más duras", reconoció el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. "Pero si somos laxos con la inmigración ilegal, esa avalancha no habrá quien la pare", agregó, tajante, al defender una muy controvertida norma que apunta a "unificar criterios" entre los 27 países miembros de la UE con miras a lograr la expulsión forzada de por lo menos ocho millones de ciudadanos indocumentados.
El desempleo
El súbito acento socialista en la normativa para facilitar la repatriación forzada de trabajadores indocumentados se produce en momentos en que el creciente desempleo en el país se ceba, sobre todo, en la población inmigrante.
Eso, como consecuencia del frenazo de la industria de la construcción, que hasta ahora había sido absorbente infatigable de mano de obra barata.
Las estadísticas oficiales admiten que hoy hay medio millón de extranjeros sin trabajo en el país y que la cifra crece de modo acelerado.
Ayer se supo que, por primera vez en la historia de España, los extranjeros con residencia legal en el país superan los cuatro millones de personas. El dato exacto habla de 4.192.835 personas, según datos del Ministerio de Trabajo.
En la nebulosa permanece, en tanto, la cifra de extranjeros en situación irregular. Fuentes del opositor Partido Popular (PP) aseguran que podrían ser "cerca de un millón", pero el gobierno considera que esa estimación es "desmesurada".
Organizaciones de inmigrantes cargaron contra el mensaje socialista y acusaron al gobierno de estar cambiando el discurso en la materia. "No sé por qué dicen eso. Siempre hemos sido muy duros con la inmigración ilegal", contestó el ministro.
"No entendemos cómo se puede seguir adelante con una legislación que ha generado mucho rechazo en grandes sectores de la sociedad civil", insistieron voceros de las dos entidades de inmigrantes más poderosas de España, la ecuatoriana Rumiñahui y la marroquí Atime.
El PP, de derecha, saludó el "giro" del discurso socialista. "Es bueno que España apoye la normativa europea para la expulsión de indocumentados, porque lo que se debe apoyar es la inmigración legal y no la ilegal", dijo la diputada por Valladolid Ana Torme.
Entre los analistas económicos, la impresión fue favorable. "Era hora de que la sociedad española abordara seriamente el debate sobre la inmigración, tras años de reproche contra quien se atreviera a poner la cuestión sobre la mesa", sintetizó a LA NACION el presidente de Inspire Consultores, José Ignacio Wert. "Cerrar los ojos al potencial de fractura social por el descontrol migratorio es muy peligroso para el futuro de la sociedad", añadió.
Sin embargo, las entidades de inmigrantes mostraron su indignación con la propuesta de ampliar el plazo de detención para los ilegales. "¿Cómo se puede tener preso a quien no cometió delito sino, a lo sumo, una infracción administrativa?", preguntaban.
"Lo tenemos que hacer porque, de lo contrario, no hay forma de llevar adelante procesos de expulsión que son muy complejos", refutó Rubalcaba.
El ministro aludió así a las dificultades con las que tropieza el gobierno para que los gobiernos de países de donde proceden los inmigrantes, sobre todo del continente africano, respondan en 40 días la requisitoria de documentos. "La realidad muestra que muchas veces se cumple el plazo legal y entonces nos vemos forzados a poner a los inmigrantes en libertad, con lo que la expulsión queda, en los hechos, sin efecto", explicaron fuentes del Ministerio de Interior.
La idea del gobierno de Zapatero es elevar ese plazo -con un tope que no podría superar los 18 meses- de manera de "sortear la trampa y convertir en efectiva la expulsión", dijeron las fuentes. Ese criterio, entre otros, está contemplado en la discutida normativa europea para la expulsión de extranjeros. El paquete iba a ser aprobado anteayer, pero el debate se trabó ante numerosas diferencias entre los países. "La idea es que pueda estar aprobado en no más de dos semanas", trascendió ayer de fuentes del Parlamento Europeo, en Bruselas.
Entre las primeras medidas que aplicaría el gobierno socialista en su giro figura la ampliación del plazo legal para retener en centros de detención a los inmigrantes sin papeles, tal como anticipó LA NACION en su edición del lunes.
"Eso se está estudiando", reconocieron ayer fuentes del gobierno. La idea, que figuraba en los postulados de campaña del elenco socialista, apunta a "aumentar" de manera sustancial, posiblemente hasta seis meses, el plazo legal para ese cautiverio, que hasta ahora llega a los 40 días.
"Es una de las decisiones más duras", reconoció el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. "Pero si somos laxos con la inmigración ilegal, esa avalancha no habrá quien la pare", agregó, tajante, al defender una muy controvertida norma que apunta a "unificar criterios" entre los 27 países miembros de la UE con miras a lograr la expulsión forzada de por lo menos ocho millones de ciudadanos indocumentados.
El desempleo
El súbito acento socialista en la normativa para facilitar la repatriación forzada de trabajadores indocumentados se produce en momentos en que el creciente desempleo en el país se ceba, sobre todo, en la población inmigrante.
Eso, como consecuencia del frenazo de la industria de la construcción, que hasta ahora había sido absorbente infatigable de mano de obra barata.
Las estadísticas oficiales admiten que hoy hay medio millón de extranjeros sin trabajo en el país y que la cifra crece de modo acelerado.
Ayer se supo que, por primera vez en la historia de España, los extranjeros con residencia legal en el país superan los cuatro millones de personas. El dato exacto habla de 4.192.835 personas, según datos del Ministerio de Trabajo.
En la nebulosa permanece, en tanto, la cifra de extranjeros en situación irregular. Fuentes del opositor Partido Popular (PP) aseguran que podrían ser "cerca de un millón", pero el gobierno considera que esa estimación es "desmesurada".
Organizaciones de inmigrantes cargaron contra el mensaje socialista y acusaron al gobierno de estar cambiando el discurso en la materia. "No sé por qué dicen eso. Siempre hemos sido muy duros con la inmigración ilegal", contestó el ministro.
"No entendemos cómo se puede seguir adelante con una legislación que ha generado mucho rechazo en grandes sectores de la sociedad civil", insistieron voceros de las dos entidades de inmigrantes más poderosas de España, la ecuatoriana Rumiñahui y la marroquí Atime.
El PP, de derecha, saludó el "giro" del discurso socialista. "Es bueno que España apoye la normativa europea para la expulsión de indocumentados, porque lo que se debe apoyar es la inmigración legal y no la ilegal", dijo la diputada por Valladolid Ana Torme.
Entre los analistas económicos, la impresión fue favorable. "Era hora de que la sociedad española abordara seriamente el debate sobre la inmigración, tras años de reproche contra quien se atreviera a poner la cuestión sobre la mesa", sintetizó a LA NACION el presidente de Inspire Consultores, José Ignacio Wert. "Cerrar los ojos al potencial de fractura social por el descontrol migratorio es muy peligroso para el futuro de la sociedad", añadió.
Sin embargo, las entidades de inmigrantes mostraron su indignación con la propuesta de ampliar el plazo de detención para los ilegales. "¿Cómo se puede tener preso a quien no cometió delito sino, a lo sumo, una infracción administrativa?", preguntaban.
"Lo tenemos que hacer porque, de lo contrario, no hay forma de llevar adelante procesos de expulsión que son muy complejos", refutó Rubalcaba.
El ministro aludió así a las dificultades con las que tropieza el gobierno para que los gobiernos de países de donde proceden los inmigrantes, sobre todo del continente africano, respondan en 40 días la requisitoria de documentos. "La realidad muestra que muchas veces se cumple el plazo legal y entonces nos vemos forzados a poner a los inmigrantes en libertad, con lo que la expulsión queda, en los hechos, sin efecto", explicaron fuentes del Ministerio de Interior.
La idea del gobierno de Zapatero es elevar ese plazo -con un tope que no podría superar los 18 meses- de manera de "sortear la trampa y convertir en efectiva la expulsión", dijeron las fuentes. Ese criterio, entre otros, está contemplado en la discutida normativa europea para la expulsión de extranjeros. El paquete iba a ser aprobado anteayer, pero el debate se trabó ante numerosas diferencias entre los países. "La idea es que pueda estar aprobado en no más de dos semanas", trascendió ayer de fuentes del Parlamento Europeo, en Bruselas.
viernes, 2 de mayo de 2008
Las 10 falacias en torno a la inmigración
El Servicio de Asesoría de Inmigración de UGT en Burgos ha recogido, en colaboración con colectivos sociales, un listado con los estereotipos y las falsas ideas en torno a la inmigración más repetidos
1. Abusan de la sanidad pública
Frente a la idea de que los inmigrantes colapsan la sanidad pública, bastan las cifras. Según Sanidad, el uso que hacen de ella es un 15% menor que el de los españoles. La Sociedad Española de Medicina Comunitaria (semFYC) confirma que los inmigrantes van al médico la mitad que los españoles: suponen un 10% de la población, pero sólo un 5% de los pacientes. Tampoco colapsan las urgencias. “Hay extranjeros sin tarjeta sanitaria que sólo pueden ir a urgencias. Aun así, sólo representan un 5% de este servicio”, según la Sociedad Española de Medicina de Urgencias. Estos datos concuerdan con los de la Seguridad Social, que apunta que generan un 4,6% del gasto sanitario.
2. Vienen a cometer delitos
La población extranjera incide de forma directa en el aumento de la delincuencia. ¿Verdad o mentira? La Secretaría de Estado de Seguridad desmonta el bulo con un ejemplo: “En 2002, con la mitad de inmigrantes, la tasa de criminalidad era 1,5 puntos superior a la de 2006. Por lo tanto, no hay correlación entre inmigración y delincuencia”. Expertos como José Luis Díez Ripollés, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Málaga, comparten esta teroía: “no puede afirmarse que la presencia de inmigrantes sea determinante a la hora de explicar los niveles delincuenciales”. La Policía confirma que el 63,5% de las bandas criminales son mixtas (integradas por españoles y extranjeros).
3. Nos quitan el trabajo y no tienen formación
Según un estudio de La Caixa, no quitan el trabajo a los españoles, sino que crean más: hasta junio del año pasado, 241.000 inmigrantes crearon una empresa. Esta realidad descubre otro mito: el nivel de cualificación de los inmigrantes es superior al del puesto de trabajo que ocupan. Además, excepto los africanos, en general vienen igual o mejor preparados que los españoles. Gustavo Adolfo Pietropaolo, responsable de la Asesoría de Inmigración de UGT en Burgos señala que “el Reglamento de Extranjería en su artículo 50 impide expresamente que un extranjero ocupe un trabajo si éste está demandado por un ciudadano español”.
4. Bajan el nivel de la Educación
Según la Confederación Española de Padres de Alumnos (CEAPA), esta afirmación es una falacia “rotundamente falsa”. El problema radica en que deberían gestionarse mejor los recursos de las escuelas, como crear clases de refuerzo para quien lo necesite. Desde CEAPA también se puntualiza que tampoco es verdad que los extranjeros quiten las becas a los nacionales: “Las ayudas se dan a las personas que más lo necesitan y en este caso se trata de los extranjeros que vienen con menos recursos”. En su opinión lo que haría falta es un mayor número de becas.
5. No se adaptan a nuestras costumbres
¿Qué es costumbre? Vecinos escandalosos o sucios los hay y los habrá, sean españoles o no. El choque inicial con los inmigrantes es normal, y no se puede pretender una adaptación inmediata. Pero es que hay españoles con usos molestos, y la lista sería larga. Siete de cada diez españoles e inmigrantes opinan que “la vida cultural se enriquece con las personas de otros países”, según el Centro de Estudios de la Comunidad de Madrid. El 72% de los inmigrantes tiene amigos españoles, y la mitad de los españoles trata con extranjeros.
6. Tienen muchos hijos y copan las ayudas familiares
Una aportación de los inmigrantes ha sido evitar que el país siga estancado demográficamente, ya que la mayoría son jóvenes en edad reproductiva. Eso no significa que tengan muchos hijos, ya que han adoptado el modelo familiar español. España ha pasado de tener la tasa más baja de natalidad del mundo en 1999, con un 1,07, a un 1,37, según el padrón municipal de 2007. El 17,6% de los nacimientos producidos en España en 2005 fue de padre y/o madre extranjera.
7. Copan las ayudas sociales
En la Comunidad de Madrid, donde vive casi la cuarta parte de los inmigrantes que residen en España, los extranjeros que perciben la renta mínima de inserción (la prestación dirigida a los que tienen menos recursos) no llegan al 10%, según datos del sindicato UGT.
8. Se dedican a la prostitución
No es cierto que la mayoría de las inmigrantes se dedique a la prostitución. Según explica el colectivo Hetaira de defensa de los derechos de las prostitutas “es cierto que desde hace unos años la mayoría de las chicas que ejerce la prostitución en la calle es de origen extranjero, pero por la sencilla razón de que es el trabajo más duro, que las españolas ya no quieren hacer”, lo que no quiere esto decir que las nacionales hayan dejado de ejercer, sino que la mayoría lo hace en locales. Desde Hetaira se apunta que, aunque no hay estadísticas al respecto, y ante afirmaciones interesadas sobre que cada vez son más los inmigrantes que acuden a las prostitutas, Hetaira subraya que la mayoría de los clientes “son españoles, y muchos de ellos son clientes fijos”.
9. Tienen costumbres como la poligamia
La Constitución Española no contempla la poligamia, y el matrimonio español está regulado por el Código Civil, que tiene la monogamia como nota definitoria. En Marruecos, el Código de Familia establece que el marido pueda casarse por segunda vez si tiene permiso de la primera mujer, pero los enlaces de este tipo no llegaron al 3% en 2003. En Túnez, por ejemplo, está penada como delito. En el judaísmo la poligamia también está permitida; sin embargo, en el estado de Israel se prohibió en 1959.
10. La ablación
La ablación en España es un delito que se castiga con hasta 12 años de cárcel. Asociaciones, ONG, partidos políticos y la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID) llevan años luchando contra esta práctica, que en España no sólo se castiga con dureza, sino que incluso se prohíbe la salida del país ante la sospecha de que una niña viaje para someterse a una ablación. El comunidades como Cataluña hay un protocolo y decisiones judiciales que autorizan incluso a perseguir casos en el extranjero.
1. Abusan de la sanidad pública
Frente a la idea de que los inmigrantes colapsan la sanidad pública, bastan las cifras. Según Sanidad, el uso que hacen de ella es un 15% menor que el de los españoles. La Sociedad Española de Medicina Comunitaria (semFYC) confirma que los inmigrantes van al médico la mitad que los españoles: suponen un 10% de la población, pero sólo un 5% de los pacientes. Tampoco colapsan las urgencias. “Hay extranjeros sin tarjeta sanitaria que sólo pueden ir a urgencias. Aun así, sólo representan un 5% de este servicio”, según la Sociedad Española de Medicina de Urgencias. Estos datos concuerdan con los de la Seguridad Social, que apunta que generan un 4,6% del gasto sanitario.
2. Vienen a cometer delitos
La población extranjera incide de forma directa en el aumento de la delincuencia. ¿Verdad o mentira? La Secretaría de Estado de Seguridad desmonta el bulo con un ejemplo: “En 2002, con la mitad de inmigrantes, la tasa de criminalidad era 1,5 puntos superior a la de 2006. Por lo tanto, no hay correlación entre inmigración y delincuencia”. Expertos como José Luis Díez Ripollés, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Málaga, comparten esta teroía: “no puede afirmarse que la presencia de inmigrantes sea determinante a la hora de explicar los niveles delincuenciales”. La Policía confirma que el 63,5% de las bandas criminales son mixtas (integradas por españoles y extranjeros).
3. Nos quitan el trabajo y no tienen formación
Según un estudio de La Caixa, no quitan el trabajo a los españoles, sino que crean más: hasta junio del año pasado, 241.000 inmigrantes crearon una empresa. Esta realidad descubre otro mito: el nivel de cualificación de los inmigrantes es superior al del puesto de trabajo que ocupan. Además, excepto los africanos, en general vienen igual o mejor preparados que los españoles. Gustavo Adolfo Pietropaolo, responsable de la Asesoría de Inmigración de UGT en Burgos señala que “el Reglamento de Extranjería en su artículo 50 impide expresamente que un extranjero ocupe un trabajo si éste está demandado por un ciudadano español”.
4. Bajan el nivel de la Educación
Según la Confederación Española de Padres de Alumnos (CEAPA), esta afirmación es una falacia “rotundamente falsa”. El problema radica en que deberían gestionarse mejor los recursos de las escuelas, como crear clases de refuerzo para quien lo necesite. Desde CEAPA también se puntualiza que tampoco es verdad que los extranjeros quiten las becas a los nacionales: “Las ayudas se dan a las personas que más lo necesitan y en este caso se trata de los extranjeros que vienen con menos recursos”. En su opinión lo que haría falta es un mayor número de becas.
5. No se adaptan a nuestras costumbres
¿Qué es costumbre? Vecinos escandalosos o sucios los hay y los habrá, sean españoles o no. El choque inicial con los inmigrantes es normal, y no se puede pretender una adaptación inmediata. Pero es que hay españoles con usos molestos, y la lista sería larga. Siete de cada diez españoles e inmigrantes opinan que “la vida cultural se enriquece con las personas de otros países”, según el Centro de Estudios de la Comunidad de Madrid. El 72% de los inmigrantes tiene amigos españoles, y la mitad de los españoles trata con extranjeros.
6. Tienen muchos hijos y copan las ayudas familiares
Una aportación de los inmigrantes ha sido evitar que el país siga estancado demográficamente, ya que la mayoría son jóvenes en edad reproductiva. Eso no significa que tengan muchos hijos, ya que han adoptado el modelo familiar español. España ha pasado de tener la tasa más baja de natalidad del mundo en 1999, con un 1,07, a un 1,37, según el padrón municipal de 2007. El 17,6% de los nacimientos producidos en España en 2005 fue de padre y/o madre extranjera.
7. Copan las ayudas sociales
En la Comunidad de Madrid, donde vive casi la cuarta parte de los inmigrantes que residen en España, los extranjeros que perciben la renta mínima de inserción (la prestación dirigida a los que tienen menos recursos) no llegan al 10%, según datos del sindicato UGT.
8. Se dedican a la prostitución
No es cierto que la mayoría de las inmigrantes se dedique a la prostitución. Según explica el colectivo Hetaira de defensa de los derechos de las prostitutas “es cierto que desde hace unos años la mayoría de las chicas que ejerce la prostitución en la calle es de origen extranjero, pero por la sencilla razón de que es el trabajo más duro, que las españolas ya no quieren hacer”, lo que no quiere esto decir que las nacionales hayan dejado de ejercer, sino que la mayoría lo hace en locales. Desde Hetaira se apunta que, aunque no hay estadísticas al respecto, y ante afirmaciones interesadas sobre que cada vez son más los inmigrantes que acuden a las prostitutas, Hetaira subraya que la mayoría de los clientes “son españoles, y muchos de ellos son clientes fijos”.
9. Tienen costumbres como la poligamia
La Constitución Española no contempla la poligamia, y el matrimonio español está regulado por el Código Civil, que tiene la monogamia como nota definitoria. En Marruecos, el Código de Familia establece que el marido pueda casarse por segunda vez si tiene permiso de la primera mujer, pero los enlaces de este tipo no llegaron al 3% en 2003. En Túnez, por ejemplo, está penada como delito. En el judaísmo la poligamia también está permitida; sin embargo, en el estado de Israel se prohibió en 1959.
10. La ablación
La ablación en España es un delito que se castiga con hasta 12 años de cárcel. Asociaciones, ONG, partidos políticos y la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID) llevan años luchando contra esta práctica, que en España no sólo se castiga con dureza, sino que incluso se prohíbe la salida del país ante la sospecha de que una niña viaje para someterse a una ablación. El comunidades como Cataluña hay un protocolo y decisiones judiciales que autorizan incluso a perseguir casos en el extranjero.
Andalucía supera ya los 504.000 extranjeros con permiso de residencia
Casi la mitad son ciudadanos de la UE
EL PLURAL ANDALUCÍA
La comunicad autónoma andaluza acoge ya a más de 504.000 extranjeros con permisos de residencia, lo que supone un incremento de la inmigración en Andalucía del 10,5 por ciento en tan sólo nueve meses -desde marzo de 2007 hasta diciembre del mismo año-.
Según los datos facilitados a Europa Press por la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, cerca de 26.500 personas obtuvieron su autorización de residencia en Andalucía en el periodo citado. Esto supuso en diciembre del año pasado un total de 504.122 extranjeros con permiso, de los cuales 251.379 eran ciudadanos de la UE.
Por provincias
Por provincias, el mayor incremento en este período lo registró Sevilla, con un 16,2 por ciento más, seguida de Córdoba (+15,3), Jaén (+14,8), Málaga (+10,7), Cádiz (+10,2), Granada (+10,1) y Almería (+9). La única provincia que sufrió un descenso fue Huelva (-2,9 por ciento).
Por sexo y edad
Del total de extranjeros residentes, el 45,11 por ciento son mujeres con una edad media de 35 años. Además, de éstas 504.122 personas 51.860 tienen de cero a 15 años; 419.468 de 16 a 64 años y 32.756 más de 64 años.
Referente nacional
Andalucía superó en este sentido la media nacional, que registró un incremento del 6,36 por ciento entre marzo y diciembre de 2007, en contraposición del 10,4 por ciento que experimentó la comunidad autónoma andaluza. España contaba a finales del año pasado con 2.357.210 residentes extranjeros con permiso.
jueves, 1 de mayo de 2008
A los bolivianos en España les urge contar con licencias
A partir de mayo quienes conduzcan sin autorización en ese país, tendrán penas pecuniarias y de prisión. Bolivia demora en certificar los permisos.
Mientras que alrededor de 1.200 bolivianos, residentes legalmente en España, aguardan desde enero la homologación de sus licencias de conducir, el Gobierno de ese país pondrá en vigencia, el 1 de mayo, un norma que penaliza, con multas y prisión, a quienes conduzcan sin el documento.
En su octavo numeral, la ley (15/2007) de modificación al código de tráfico español instruye que el infractor “será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la multa de 12 a 24 meses y trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días”. La norma, que rige para todos en España, afecta a los bolivianos legales que hasta ahora circulaban de manera clandestina en diferentes ciudades.
Según la norma, las penas se impondrán “al que condujere un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción”.
“Antes, si nos descubrían manejando sin licencia, nos cobraban una multa de 300 a 600 euros, pero ahora nos espera la cárcel”, explicó un ciudadano boliviano, residente legal en Palma de Mallorca, quien admitió conducir de manera clandestina debido a las grandes distancias y a la demora de Tránsito de Bolivia, que no envía la certificación de que posee un permiso de conducir en el país, a pesar de existir un convenio entre ambas naciones para este beneficio.
El cónsul general de Bolivia en Barcelona, Ovidio Messa, ratificó que la norma se aplicará en mayo “para todos los que viven en España”, y agregó que el proceso de homologación de permisos de conducir, resultado de un acuerdo ratificado en noviembre del 2007, se paralizó por la gran demanda de este trámite.
Sin embargo, el 27 de marzo, este medio constató que el problema radica en que el sistema informático boliviano es obsoleto e incompatible con el español. Por ejemplo, el registro es por nombres y no numérico, como el de España. Además, la oficina de Tránsito de La Paz no posee los datos del resto del país.
Rosario Chávez, jefa de la división de Licencias de la Dirección de Tránsito de La Paz —unidad encomendada por el Comando de la Policía para realizar el trabajo a nivel nacional—, informó que empezaron el envío de las certificaciones hace una semana. “Se está dando prioridad a las solicitudes más retrasadas”.
Agregó que se envían de “40 a 50 certificaciones diarias”. Según Chávez, se tienen alrededor de 1.200 solicitudes en lista de espera desde enero, muchas de las cuales son del interior.
“Nosotros recibimos la solicitud; de ahí la mandamos a la dirección (departamental) que corresponda. Ellos nos tienen que hacer llegar las certificaciones para que nosotros las pasemos a España”, explicó Chávez.
La transferencia de información desde las oficinas de Tránsito de los departamentos del interior a la dirección paceña toma alrededor de tres días.
ANTECEDENTES
Denuncia • El 27 de marzo, Germán Reyes, residente boliviano en Barcelona, denunció que esperaba la certificación hace tres meses.
Sistema • Según la Policía, el retraso se debía a problemas técnicos del sistema informático, pese a que el acuerdo se firmó a finales del 2007.
Normas • Según alertaron residentes bolivianos, España modificó su código de tráfico e introdujo penas de prisión por no portar licencia.
Mientras que alrededor de 1.200 bolivianos, residentes legalmente en España, aguardan desde enero la homologación de sus licencias de conducir, el Gobierno de ese país pondrá en vigencia, el 1 de mayo, un norma que penaliza, con multas y prisión, a quienes conduzcan sin el documento.
En su octavo numeral, la ley (15/2007) de modificación al código de tráfico español instruye que el infractor “será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la multa de 12 a 24 meses y trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días”. La norma, que rige para todos en España, afecta a los bolivianos legales que hasta ahora circulaban de manera clandestina en diferentes ciudades.
Según la norma, las penas se impondrán “al que condujere un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción”.
“Antes, si nos descubrían manejando sin licencia, nos cobraban una multa de 300 a 600 euros, pero ahora nos espera la cárcel”, explicó un ciudadano boliviano, residente legal en Palma de Mallorca, quien admitió conducir de manera clandestina debido a las grandes distancias y a la demora de Tránsito de Bolivia, que no envía la certificación de que posee un permiso de conducir en el país, a pesar de existir un convenio entre ambas naciones para este beneficio.
El cónsul general de Bolivia en Barcelona, Ovidio Messa, ratificó que la norma se aplicará en mayo “para todos los que viven en España”, y agregó que el proceso de homologación de permisos de conducir, resultado de un acuerdo ratificado en noviembre del 2007, se paralizó por la gran demanda de este trámite.
Sin embargo, el 27 de marzo, este medio constató que el problema radica en que el sistema informático boliviano es obsoleto e incompatible con el español. Por ejemplo, el registro es por nombres y no numérico, como el de España. Además, la oficina de Tránsito de La Paz no posee los datos del resto del país.
Rosario Chávez, jefa de la división de Licencias de la Dirección de Tránsito de La Paz —unidad encomendada por el Comando de la Policía para realizar el trabajo a nivel nacional—, informó que empezaron el envío de las certificaciones hace una semana. “Se está dando prioridad a las solicitudes más retrasadas”.
Agregó que se envían de “40 a 50 certificaciones diarias”. Según Chávez, se tienen alrededor de 1.200 solicitudes en lista de espera desde enero, muchas de las cuales son del interior.
“Nosotros recibimos la solicitud; de ahí la mandamos a la dirección (departamental) que corresponda. Ellos nos tienen que hacer llegar las certificaciones para que nosotros las pasemos a España”, explicó Chávez.
La transferencia de información desde las oficinas de Tránsito de los departamentos del interior a la dirección paceña toma alrededor de tres días.
ANTECEDENTES
Denuncia • El 27 de marzo, Germán Reyes, residente boliviano en Barcelona, denunció que esperaba la certificación hace tres meses.
Sistema • Según la Policía, el retraso se debía a problemas técnicos del sistema informático, pese a que el acuerdo se firmó a finales del 2007.
Normas • Según alertaron residentes bolivianos, España modificó su código de tráfico e introdujo penas de prisión por no portar licencia.
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