España, más dura con los ilegales para frenar la "avalancha"

MADRID.- La muy controvertida norma por la que la Unión Europea (UE) pretende endurecer y asegurar la expulsión de millones de extranjeros indocumentados encontró un inesperado abogado: el gobierno socialista español, que ayer defendió la aplicación de mano dura porque, si no, "la avalancha de la inmigración ilegal no hay quien la pare".

Entre las primeras medidas que aplicaría el gobierno socialista en su giro figura la ampliación del plazo legal para retener en centros de detención a los inmigrantes sin papeles, tal como anticipó LA NACION en su edición del lunes.

"Eso se está estudiando", reconocieron ayer fuentes del gobierno. La idea, que figuraba en los postulados de campaña del elenco socialista, apunta a "aumentar" de manera sustancial, posiblemente hasta seis meses, el plazo legal para ese cautiverio, que hasta ahora llega a los 40 días.

"Es una de las decisiones más duras", reconoció el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. "Pero si somos laxos con la inmigración ilegal, esa avalancha no habrá quien la pare", agregó, tajante, al defender una muy controvertida norma que apunta a "unificar criterios" entre los 27 países miembros de la UE con miras a lograr la expulsión forzada de por lo menos ocho millones de ciudadanos indocumentados.

El desempleo

El súbito acento socialista en la normativa para facilitar la repatriación forzada de trabajadores indocumentados se produce en momentos en que el creciente desempleo en el país se ceba, sobre todo, en la población inmigrante.

Eso, como consecuencia del frenazo de la industria de la construcción, que hasta ahora había sido absorbente infatigable de mano de obra barata.

Las estadísticas oficiales admiten que hoy hay medio millón de extranjeros sin trabajo en el país y que la cifra crece de modo acelerado.

Ayer se supo que, por primera vez en la historia de España, los extranjeros con residencia legal en el país superan los cuatro millones de personas. El dato exacto habla de 4.192.835 personas, según datos del Ministerio de Trabajo.

En la nebulosa permanece, en tanto, la cifra de extranjeros en situación irregular. Fuentes del opositor Partido Popular (PP) aseguran que podrían ser "cerca de un millón", pero el gobierno considera que esa estimación es "desmesurada".

Organizaciones de inmigrantes cargaron contra el mensaje socialista y acusaron al gobierno de estar cambiando el discurso en la materia. "No sé por qué dicen eso. Siempre hemos sido muy duros con la inmigración ilegal", contestó el ministro.

"No entendemos cómo se puede seguir adelante con una legislación que ha generado mucho rechazo en grandes sectores de la sociedad civil", insistieron voceros de las dos entidades de inmigrantes más poderosas de España, la ecuatoriana Rumiñahui y la marroquí Atime.

El PP, de derecha, saludó el "giro" del discurso socialista. "Es bueno que España apoye la normativa europea para la expulsión de indocumentados, porque lo que se debe apoyar es la inmigración legal y no la ilegal", dijo la diputada por Valladolid Ana Torme.

Entre los analistas económicos, la impresión fue favorable. "Era hora de que la sociedad española abordara seriamente el debate sobre la inmigración, tras años de reproche contra quien se atreviera a poner la cuestión sobre la mesa", sintetizó a LA NACION el presidente de Inspire Consultores, José Ignacio Wert. "Cerrar los ojos al potencial de fractura social por el descontrol migratorio es muy peligroso para el futuro de la sociedad", añadió.

Sin embargo, las entidades de inmigrantes mostraron su indignación con la propuesta de ampliar el plazo de detención para los ilegales. "¿Cómo se puede tener preso a quien no cometió delito sino, a lo sumo, una infracción administrativa?", preguntaban.

"Lo tenemos que hacer porque, de lo contrario, no hay forma de llevar adelante procesos de expulsión que son muy complejos", refutó Rubalcaba.

El ministro aludió así a las dificultades con las que tropieza el gobierno para que los gobiernos de países de donde proceden los inmigrantes, sobre todo del continente africano, respondan en 40 días la requisitoria de documentos. "La realidad muestra que muchas veces se cumple el plazo legal y entonces nos vemos forzados a poner a los inmigrantes en libertad, con lo que la expulsión queda, en los hechos, sin efecto", explicaron fuentes del Ministerio de Interior.

La idea del gobierno de Zapatero es elevar ese plazo -con un tope que no podría superar los 18 meses- de manera de "sortear la trampa y convertir en efectiva la expulsión", dijeron las fuentes. Ese criterio, entre otros, está contemplado en la discutida normativa europea para la expulsión de extranjeros. El paquete iba a ser aprobado anteayer, pero el debate se trabó ante numerosas diferencias entre los países. "La idea es que pueda estar aprobado en no más de dos semanas", trascendió ayer de fuentes del Parlamento Europeo, en Bruselas.